Accidentes, seguros y dinero público: el poco conocido (y creciente) coste de los daños de la «caza mayor»

De aquí a finales de septiembre, conoceremos el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PLF) de 2018 con sus sutiles equilibrios entre futuras rebajas fiscales (reforma del ISF, tarifa plana al 30% en productos de ahorro, impuesto de sociedades) y subidas ( tributación del gasóleo, CSG, etc). Desde este PLF, nadie puede esperar ver a Francia en una situación de equilibrio presupuestario. La horquilla del déficit se situará entre 50 y 60 mil millones frente a los 68 contabilizados el año pasado, antes de los 8 mil millones de infrapresupuestos desacreditados por el Tribunal de Cuentas y juzgados como marcas de insinceridad.

Desde el verano, el Estado y sobre todo Bercy rastrean la menor reducción posible de los gastos: todo el mundo tiene en mente los 150 millones de ahorro en el APL que parecen -y son claramente- una cantidad insignificante en relación con los gastos dedicados a la vivienda, que son 42 mil millones. En este punto, estamos a la espera de la reforma que se hará pública el 22 de septiembre. El Estado actúa bajo presión y con prisa: rara vez se inspira en la noción de anticipación o incluso de previsión. Por decirlo claramente, deja expedientes en barbecho que cuestan cada vez más a la comunidad.

Para ilustrar la dictadura del corto plazo, conviene fijarse en un asunto que está por debajo de la cobertura mediática. Se trata de analizar la cuestión de los daños causados por la caza mayor, término que engloba principalmente al ciervo y al jabalí.

> La caza y la carretera

Desde hace una década, el peligro de la caza mayor se ha convertido en una realidad creciente para muchos automovilistas, ya que las poblaciones registran graves tasas de natalidad y el tráfico de automóviles sigue creciendo.

Como resultado, casi 60.000 accidentes de tráfico se han producido por colisiones directas o por evitar la caza mayor. El FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, antes FGA: fonds de garantie automobile) había registrado 42.471 accidentes (con más de 700 lesiones corporales y 40 muertes) en 2008, frente a los 6.500 casos de 2007, debido a un cambio en las normas de indemnización. De hecho, desde el 1 de junio de 2007, se ha suprimido la deducción de 300 euros de cada siniestro tras la transposición de la 5ª Directiva europea sobre el seguro del automóvil.

El crecimiento del número de accidentes es objetivamente impresionante: así, ahora hay el doble que en 2005. Si la FGAO es una estructura de derecho privado, cubre su presupuesto mediante una tasa sobre las primas de los automóviles, lo que acaba por alejar el interés de los poderes públicos en esta cuestión de los siniestros de la caza mayor y por hundir las carteras de los asegurados. Tres tipos de caza, el jabalí (45%), el corzo (30%) y el ciervo (8%) son los principales azotes de los conductores. Los once departamentos con más de 800 colisiones al año, sumando todos los animales, fueron, en 2008, Gironda (1.408), Mosela (1.314), Bajo Rin (1.296), Landas (1.033), Seine-et-Marne (1.030), Haut-Rhin (927), Indre-et-Loire (919), Meurthe-et-Moselle (912), Loiret (831), Dordogne (817) y Loir-et-Cher (804).

Legalmente, los animales salvajes son considerados, en derecho civil, como una cosa sin dueño «res nullius» y hay que tener en cuenta que la FGAO se limita a indemnizar sólo a los conductores que tienen asegurados sus vehículos «a terceros», y a reembolsar las franquicias de los que son «a todo riesgo». De los 143 millones de euros pagados por la FGAO en 2015, hay que sumar, por tanto, todos los siniestros pagados directamente por las aseguradoras. La memoria de actividad de la FGAO se une a la de la FGTI (para las víctimas de atentados) y no detalla el número de casos de «caza».

Una cosa es cierta, las empresas de autopistas dedican cada año más recursos al mantenimiento de sus vallas que son más dañadas por los jabalíes. La autopista A6, a su paso por Borgoña, es un punto cada vez más peligroso.

Las vidas en peligro, el precio del metal arrugado, el miedo retrospectivo de los conductores son signos claros de la importancia del fenómeno.

> Caza mayor y cultivos

Pero, al mismo tiempo, hay un fuerte desarrollo de los daños en los cultivos ligados al paso y la alimentación (especialmente del maíz) de la caza mayor. En este ámbito existe un procedimiento de indemnización que incluye un baremo de compensación de daños. Para actualizar estos datos, es realista suponer que el importe de las indemnizaciones abonadas a los agricultores supera los 55 millones de euros. Es decir, un tercio de los famosos cinco euros del APL, ¡que ascendieron a 150 millones de euros! Si añadimos los daños en el coche y la carrocería, este asunto supera probablemente «todo incluido» el umbral de los 100 millones de euros.

Se trata de la vida de decenas de automovilistas, del coste de los seguros y de las finanzas públicas. ¿A quién le importa? ¿Quién centraliza una mirada global sobre este tema? ¿Quién no ve que la «desheredación cinegética» (es decir, la disminución del número de cazadores) es la causa de una presión cinegética incompatible con el dinamismo de la reproducción del jabalí? Quién no mide los riesgos en los que incurren los vecinos cuando ciertos ejemplares son vistos regularmente en huertos del interior de Niza o en los pueblos de Morvan?

La pregunta es: ¿cuál es el impacto de la presión cinegética sobre el jabalí?

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