Organización jurisdiccional (Francia)

Jurisdicciones más frecuentes en la organización jurisdiccional nacional

La organización jurisdiccional nacional francesa ha querido aplicar ciertos principios inherentes a una idea del juicio, respetuoso con las libertades fundamentales, teniendo en cuenta, por tanto, la posibilidad de recurso, la colegialidad de los jueces que van a dictar sentencia, la rapidez de la misma.

Algunos de estos principios han sido completados, concretados y sancionados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en 1950 y en vigor desde 1953, que defiende los derechos civiles y políticos inherentes a la persona humana.

Algunos de estos principios son fruto de la evolución histórica: es el caso, en particular, del principio de separación de poderes o del establecimiento del control de constitucionalidad de las leyes por parte del Consejo Constitucional.

Separación de poderes y dualidad jurisdiccionalEditar

El origen de la dualidad jurisdiccionalEditar

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Artículo detallado: Dualidad de los órdenes de jurisdicción en Francia.

El principio de separación de poderes especifica que los poderes públicos deben estar separados y asignados a órganos distintos. Así, el poder de promulgar normas (poder legislativo) se confía al Parlamento, el poder de hacerlas cumplir (poder ejecutivo) pertenece a un presidente o primer ministro. Montesquieu, en De l’esprit des lois (1748), añadió a éste el poder judicial, es decir, el poder de aplicar la ley en casos particulares.

Sin embargo, la Constitución del 4 de octubre de 1958, que establece la Quinta República, sólo reconoce una «autoridad judicial». Esta teoría adquiere, por tanto, un sentido original en Francia, que el Consejo Constitucional calificó en una decisión «Consejo de la Competencia» de 23 de enero de 1987 como «la concepción francesa de la separación de poderes».

En realidad, el problema de esta distinción de poderes es que, en esta concepción, es necesario separar los litigios en los que está implicado el Estado, sancionando la aplicación incorrecta de un texto, y que, por tanto, corresponden al poder ejecutivo, de otros litigios en los que están implicados los particulares, que corresponden a un verdadero poder judicial autónomo y distinto. Por lo tanto, es necesario dividir las competencias del juez en dos, entre el juez judicial y el juez administrativo. Esta dualidad jurisdiccional tiene su origen en la ley de 16 y 24 de agosto de 1790 y en el decreto de 16 fructidor año III, fundamento de la dualidad de los órdenes de jurisdicción en Francia, que se separan en un orden administrativo y un orden judicial. Esto prohíbe a los tribunales del orden judicial pronunciarse sobre los litigios relativos a la administración, y los actos dictados por el poder ejecutivo o legislativo.

Por estos textos, los poderes legislativo y ejecutivo fueron sustraídos al control de los tribunales judiciales, por considerar que éstos no tenían la legitimidad suficiente para juzgar los actos emanados de las autoridades procedentes del sufragio universal y, por tanto, únicas representantes de la soberanía popular.

La institución de una jurisdicción administrativa a partir del año VIII (1799) iba a modificar parcialmente esta situación: a partir de esa fecha, los actos de la administración podían ser impugnados, pero ante una jurisdicción distinta de la autoridad judicial.

Doble grado de jurisdicciónEditar

El principio de doble grado de jurisdicción está en la base de la posibilidad de que cada caso sea juzgado, de hecho y de derecho, dos veces. Este sistema permite, en primer lugar, el alcance del poder de los jueces. También ofrece a las partes la posibilidad de presentar una mejor argumentación, que por tanto tendrá la ventaja de ser más precisa en la apelación que en la primera instancia.

La excepción al principio de doble jurisdicciónEditar

En determinados tipos de litigios, la ley o el reglamento establecen que el tribunal de primera instancia debe dictar una resolución en primera y última instancia. Por lo tanto, esta sentencia no puede ser recurrida.

Por ejemplo, en materia civil, las acciones en las que la tasa jurisdiccional (las pretensiones del demandante) es inferior a 4.000 euros son juzgadas por el tribunal de primera y última instancia.

De igual manera, en los tribunales administrativos:

  • Muchos recursos por exceso de poder se juzgan en primera y última instancia, como un buen número de litigios relativos a la función pública;
  • Los recursos de indemnización por menos de 10.000 euros también se juzgan en primera y última instancia.
    • El principio de doble incriminación está limitado por estas sentencias de primera y última instancia, pero por razones estrictas: se supone que lo que está en juego es poco (aunque no siempre es así), los riesgos de error son normalmente bastante limitados, etc.

      Sin embargo, las sentencias de estos tribunales son siempre recurribles ante el Tribunal de Casación o el Consejo de Estado.

      Por último, los litigios que conoce directamente el Consejo de Estado se juzgan en primera y última instancia, sin posibilidad de recurso ante el Tribunal de Casación, pero la organización interna del Consejo de Estado ofrece garantías procesales bastante similares a las de un tribunal de dos instancias. Además, puede tratarse de litigios con mucho en juego.

      Colegialidad o juez únicoModificar

      Dependiendo de las jurisdicciones, los jueces (los que juzgan) pueden estar en formación colegiada (3 o 7 jueces) o juez único (1 solo juez). Lo que está en juego en esta cuestión es triple:

      • el precio: una formación colegiada cuesta más que un juez único;
      • la celeridad: una formación colegiada tenderá a tardar más en juzgar que un juez único;
      • la solemnidad: una sentencia dictada por una formación colegiada será más precisa, más justificada, más solemne por tanto que cuando la sentencia es dictada por un juez único.
        • Hay un adagio que dice «juez único, juez inicuo». Por el contrario, se puede argumentar que no es más deseable un desapoderamiento del juez en el caso de un tribunal colegiado.

          Derecho a un juicio justoEditar

          El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece que todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo. Francia ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar este artículo.

          Derecho a ser juzgado por un tribunal de justiciaEditar

          Todo individuo tiene siempre la posibilidad de acudir a un tribunal de primera instancia: es un derecho fundamental, que no puede ser ignorado. Sin embargo, el derecho a una segunda instancia se limita a los casos que son suficientemente importantes.

          Con motivo de una sentencia Schrameck de 22 de octubre de 1984, el Tribunal Europeo consideró que el término «tribunal» se caracteriza en un sentido material por su función jurisdiccional: es un órgano que se encarga de decidir, sobre la base de una norma jurídica, y al final de un procedimiento organizado, cualquier cuestión que vaya a ser de su competencia.

          La aplicación de este derecho a ser juzgado por un tribunal es a veces difícil en un sistema en el que hay dos órdenes de jurisdicción. En efecto, cuando se plantea un caso, es posible que ninguno de los dos órdenes se declare competente para juzgarlo. El Tribunal de Conflictos está para resolver esos conflictos de jurisdicción.

          La imparcialidad e independencia del juezEditar

          El litigante debe poder reclamar la independencia de los magistrados que se presentan para intervenir. El Tribunal Europeo considera, desde una sentencia Beaumartin de 1994, que un juez es independiente si no necesita el asesoramiento del ejecutivo para tomar una decisión. Por ejemplo, si el juez preguntara al Ministro de Asuntos Exteriores cómo interpretar un tratado, no podría ser considerado independiente.

          Es la sentencia Piersak c. Bélgica, de 1 de octubre de 1982, la que distingue entre «un enfoque subjetivo que trata de determinar lo que un juez concreto pensaba en su propia mente en una circunstancia determinada y un enfoque objetivo que lleva a investigar si ofreció suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima al respecto».

          Hay que mantener dos aspectos:

          • La imparcialidad subjetiva, que se presume hasta que se demuestre lo contrario, significa que el juez no debe mostrar ni parcialidad ni prejuicios personales;
          • La imparcialidad objetiva significa que el tribunal debe ofrecer las garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima derivada de las condiciones organizativas de la institución judicial o de la intervención del juez, teniendo en cuenta precisamente sus intervenciones anteriores que puedan haberle dado un determinado conocimiento del caso.

          La publicidad de la sentencia y los debates

          Los debates de un juicio deben ser públicos, pero pueden conocer excepciones (testimonio de menores…), en nombre del interés general. Sin embargo, las sentencias deben pronunciarse de forma pública. Del mismo modo, el Tribunal Europeo considera que podría imponerse una audiencia a puerta cerrada para proteger el interés público. Consideró, sin embargo, que el litigante debía poder renunciar al principio de publicidad del proceso por su propia voluntad.

          En una sentencia de Pretto de 1983, el Tribunal Europeo sostuvo que la publicidad protegía al litigante contra la justicia secreta, contribuyendo la publicidad aquí a preservar la confianza en los tribunales. La publicidad de los procedimientos da transparencia a la justicia y garantiza un principio de imparcialidad.

          Celeridad de la justiciaEditar

          En otros proyectos de Wikimedia:

          • Organización jurisdiccional (Francia), en Wikinews

          El artículo 6 apartado uno del Convenio Europeo establece que si bien toda persona tiene derecho a acudir al juez, éste debe intervenir en un plazo razonable. Sin embargo, muy a menudo, la justicia francesa se toma un tiempo antes de tomar estas decisiones. Esto ocurre, sobre todo, cuando el particular tiene dificultades para encontrar el tribunal competente, la mayoría de las veces debido a la separación entre los tribunales administrativos y judiciales.

          Por ello, el 10 de febrero de 1995 se condenó a Francia en un caso (Allenet de Ribemont contra Francia) en el que los tribunales judiciales y administrativos se negaron a declararse competentes. Además, el Tribunal Europeo precisó que la justicia debía ser expedita, siempre que el interés de la persona estuviera directamente en juego, ya sea porque estuviera encarcelada o porque su vida estuviera limitada.

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