Ottawa tiene razón

Los ministros de finanzas federales y provinciales se reúnen hoy en Victoria. La renovación del acuerdo de Transferencia Sanitaria de Canadá (CHT) de 2004 será uno de los principales temas del orden del día.

El acuerdo, suscrito cuando Paul Martin era primer ministro, preveía un aumento del 6% anual del CHT durante 10 años. Todo indica que el ministro federal Jim Flaherty anunciará a sus homólogos que ahora quiere limitar el crecimiento de la transferencia sanitaria al de la economía. Es probable que los ministros provinciales salgan de la reunión acusando al gobierno de Harper de abandonar a los enfermos a su suerte. Pero en este tema, Ottawa tiene razón.

La sanidad es, con diferencia, la mayor partida de gasto para las provincias. Año tras año, esta cartera ocupa una parte mayor de su gasto en programas. En Quebec, este porcentaje ha pasado del 31% (1990-1991) al 47% actual. Si seguimos dejando que el gasto sanitario aumente más rápido que el crecimiento económico (y, por tanto, más rápido que los ingresos públicos), los gobiernos tendrán que recortar en sus otras misiones para satisfacer a la bestia insaciable. En Quebec, los grupos de trabajo presididos por Jacques Ménard (2007) y Claude Castonguay (2010) llegaron a la conclusión de que el aumento del gasto sanitario debía limitarse al de la economía. «El ritmo de crecimiento del gasto sanitario público es insostenible (…). Esto es una certeza ineludible», afirmó el grupo Castonguay.

Los dos informes han sido archivados en la proverbial estantería, pero sus conclusiones no son menos relevantes. Sobre todo porque hoy, después de 10 años de rápido crecimiento de la cantidad de dinero que se gasta en la asistencia sanitaria, sabemos que el dinero no es el alma de la asistencia sanitaria. Quebec gasta este año 12.000 millones de dólares más que hace diez años. Durante esta década, el número de médicos ha aumentado en 2.500. Se han creado más de 200 grupos de medicina de familia. Sin embargo, el acceso a la sanidad sigue siendo difícil, las salas de urgencias siguen desbordadas, los ancianos languidecen esperando recibir los servicios que necesitan.

El gobierno de Harper suele tomar decisiones por razones ideológicas y no por hechos. En este caso, sin embargo, su propuesta es de simple sentido común. Limitar el crecimiento de la transferencia sanitaria al del PIB no significa que Ottawa vaya a asfixiar a las provincias. En los próximos años, se espera que la economía, y por tanto la CHT, crezca al menos un 4% anual.

En lugar de poner el grito en el cielo, las provincias deberían poner el freno ellas mismas. Esto requerirá tomar algunas decisiones difíciles. Sin embargo, como señaló la comisión Clair hace 11 años, «tomar decisiones» es «un deber que no se puede negar».

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