Responsabilidad de los municipios en el acceso a los desfibriladores


Pregunta escrita nº 14825 del Sr. Hervé Maurey (Eure – UDI-UC)

Publicada en el DO Senado del 12/02/2015 – página 302

M. Hervé Maurey llama la atención del Ministro del Interior sobre la responsabilidad de los municipios en cuanto al acceso a los desfibriladores.
De hecho, con 50.000 a 60.000 personas que mueren cada año por fibrilación cardíaca, Francia está comprometida desde 2007 en una campaña de instalación de desfibriladores.
Esta campaña no deja de suscitar interrogantes por parte de los cargos electos locales, en particular en lo que se refiere a sus responsabilidades en materia de instalación y mantenimiento de los equipos, pero también de información al público.
También le pide que por favor especifique cuáles son las obligaciones de los municipios en este ámbito o las recomendaciones que dirige en este campo a los cargos electos locales.

Respuesta del Ministerio del Interior

Publicada en el DO Senado de 11/06/2015 – página 1394

La instalación decidida por el alcalde de desfibriladores cardíacos externos en el territorio de su municipio se enmarca en las competencias de policía administrativa que ostenta en virtud del artículo L. 2212-2 del Código General de las Comunidades Territoriales. El 5° de este artículo establece que la finalidad de la policía municipal es «prestar urgentemente todas las medidas de asistencia y salvamento». El uso de estos poderes es susceptible de comprometer la responsabilidad penal del alcalde, de acuerdo con el artículo L. 121-3 del Código Penal. Sin embargo, en virtud del artículo L. 2123-34 del Código General de las Entidades Locales, el alcalde sólo puede ser condenado «por actos involuntarios cometidos en el ejercicio de sus funciones si se demuestra que no adoptó las medidas normales habida cuenta de sus competencias, del poder y de los medios de que dispone y de las dificultades propias de las misiones que le encomienda la ley». Sin embargo, ninguna ley obliga al alcalde a instalar desfibriladores. La responsabilidad penal de un alcalde podría – posiblemente – ser comprometida sólo si el alcalde habiendo por su propia iniciativa de instalar un desfibrilador no había garantizado suficientemente su buen funcionamiento, su mantenimiento. Así, en el caso de los desfibriladores cardíacos, las consecuencias de un fallo imputable al aparato sólo podrían comprometer la responsabilidad del alcalde si es evidente que no ha tomado las medidas necesarias para su buen funcionamiento, como la instalación y el mantenimiento por parte de un profesional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *